Gestores de derechos de autor y operadoras se centran en las webs que permiten intercambios.
Un año después de que se sentaran a negociar por vez primera en la misma mesa, el sector cultural y las operadoras han llegado a un acuerdo que abarca el 95% de cómo regular el intercambio no autorizado de música, películas y videojuegos. En el 5% restante, sin embargo, reside la parte más controvertida de un plan que, más que en los internautas, se centra en la persecución de las webs que permiten las descargas. La fricción se halla en el modo de actuar contra los usuarios más piratas, aquellos que ponen a disposición de la red la gran mayoría de las primeras copias de las obras protegidas por los derechos de autor, y aquí los proveedores se inclinan por la sanción económica, mientras que la industria audiovisual aboga por algo más drástico: la desconexión para los llamados "primeros difusores", que durante los seis últimos meses han sido identificados y contados. Son 4.500."Se trata de hacer algo proporcional al efecto que buscamos --explican fuentes del sector cultural, representado por la llamada Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos--. No tendría sentido desconectar a decenas de miles de usuarios". El esquema de Francia, impulsado por su presidente, Nicolas Sarkozy, no se aplicará en España. Allí se prevé emitir 10.000 notificaciones al día para los internautas cazados en plena descarga. Aquí será otra cosa.
TRES TIPOS
Los operadores como Telefónica, Ono u Orange, agrupados en Redtel, y la Coalición, de la que forman parte la SGAE y Promusicae, se centran, después de que el Gobierno dejara en sus manos la regulación de las descargas, en los que suben archivos a la red, no en quienes los bajan. En la oferta, no en la demanda. Distinguen entre tres tipos de internautas que intercambian: los "primeros difusores", esos 4.500 responsables de que la mayoría de contenidos estén disponibles en la red; los "usuarios masivos", cifrados en 60.000 y definidos como quienes ponen a disposición de manera reiterada y permanente un número relevante de obras; y los "usuarios comunes", aquellos que hacen lo mismo pero de forma esporádica y solo para su propio disfrute. Ocho millones de españoles se descargan canciones y vídeos.
Durante el primer año de aplicación de este plan, la industria cultural quiere que, tras tres advertencias y durante un tiempo de hasta seis meses, los "primeros difusores" se queden sin conexión a internet. A los 60.000 "usuarios masivos" se les notificará cuando sean detectados, pero solo se planteará el corte de su acceso a la red si se cumple este requisito: que hayan pasado 12 meses desde la entrada en vigor del sistema y las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual no se hayan reducido en España un 70%.
La Coalición, en cualquier caso, cree que quizá no sea necesario llegar a ese punto. La batalla principal --aquí hay acuerdo con las operadoras-- se librará contra las páginas que facilitan los enlaces para realizar las descargas o albergan directamente los archivos protegidos, y el sector audiovisual considera que eso bastará para que la piratería adelgace de forma considerable.
Según la industria cultural, apenas 70 webs se encuentran detrás del tráfico de archivos protegidos: 18 se alojan en proveedores de internet españoles, 37 en extranjeros y sobre las 15 restantes se desconoce su paradero. Tras un primer aviso, se procederá a la interrupción permanente del alojamiento, para las páginas que radican en España, o al bloqueo de las que están en el extranjero. El procedimiento lo llevará a cabo la Comisión de Desarrollo y Control de Contenidos Digitales, de reducidas dimensiones, dependiente del Ministerio de Industria y cuyos miembros serán propuestos por este departamento y el de Cultura.
EL PAPEL DEL GOBIERNO
¿Qué ocurrirá si, como es probable, el sector cultural y las operadores siguen sin ponerse de acuerdo sobre las sanciones a los usuarios? La pelota está en el campo del Gobierno. Hace una semana y media, se le hizo entrega formal de dos documentos donde están recogidos tanto los aspectos en los que coinciden ambas partes como en los que disienten, así que ahora le toca resolver al Ejecutivo. Sea cual sea la decisión que adopte, hay algo seguro: habrá polémica.
Fuente: JUAN RUIZ SIERRA para El Periódico de Cataluña.
